Resumen: Se interpone recurso de apelación contra una sentencia condenatoria por la comisión de un delito leve de hurto.
La apelante alega error en la valoración de la prueba, argumentando que no se consideraron circunstancias que podrían haber puesto en duda su autoría, y subsidiariamente, considera desproporcionada la pena impuesta
. El tribunal, tras revisar la sentencia de instancia y la prueba practicada, concluye que la valoración efectuada por el juzgador de instancia es correcta y lógica, sustentada en la declaración del vigilante de seguridad quien tras activar la denunciada los arcos de seguridad y comprobar que portaba dos artículos sin pagar, revisó las grabaciones y observó como la misma había manipulado los sistemas de alarma, consiguiendo el establecimiento recuperar los objetos sustraídos.
También considera adecuada la individualización de la pena, que se fijó en 45 días de multa, al entender que el grado de ejecución del delito podría interpretarse como consumado. pues la denunciada se apoderó de los efectos del establecimiento, y llegó a cruzar los arcos de seguridad, y por otra parte la cuota diaria, de seis euros, próxima al mínimo legal, se considera adecuada toda vez que no se ofrece razón alguna para la elección de una cuota inferior, reservada para supuestos de indigencia.
Resumen: En relación a la facultad revisora a través del recurso, no se trata de sustituir una inferencia razonable por otra que también pueda serlo, sino de comprobar si el razonamiento del Tribunal sentenciador, que ha presenciado directamente toda la prueba, resiste el contraste con las reglas de la lógica, de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos.
Resumen: Confirma la sentencia del Juez Penal que condena a un acusado como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. Acusado que contrata con una empresa de reparto la entrega de paquetes a domicilio que posteriormente realiza el acusado utilizado a varios trabajadores extranjeros en situación irregular en España, careciendo de los preceptivos permisos de trabajo y, por ende, sin la cobertura de la Seguridad Social. Delito contra los derechos de los trabajadores. Elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Contratación de trabajadores extranjeros en desempeño de tareas con retribución reducida, sin alta en la Seguridad Social, por tanto sin la protección correspondiente, y en beneficio del acusado, que se ahorra la preceptiva cotización. Conducta ya sancionada administrativamente. Principio de legalidad y prohibición del bis in idem. La sanción administrativa previa no es obstáculo para el mantenimiento de la condena penal siempre que se descuente la sanción administrativa ya cumplida de la pena recaída en el proceso penal.
Resumen: Se interpone recurso de apelación frente a la sentencia condenatoria por la comisión de un delito leve intenstado de hurto
Se alega por el recurrente error en la valoración de la prueba y se solicita la absolución o, subsidiariamente, la rebaja de la pena, argumentando que la tentativa fue inacabada.
El tribunal, tras revisar la prueba y la valoración realizada por el juez de instancia, concluye que existe prueba de cargo suficiente que desvirtúa la presunción de inocencia del acusado, ya que fue sorprendido con el teléfono sustraído en su poder yademás el acusado no compareció al juicio para ofrecer su versión, a pesar de haber sido correctamente citado y por lo tanto no hay una alternativa de descargo que enerve el valor de la prueba incriminatoria.
También se considera que la tentativa fue acabada, dado que el acusado había tomado posesión del teléfono y se disponía a marcharse cuando fue detenido.
Por lo tanto, el tribunal desestima el recurso de apelación y confirma íntegramente la sentencia recurrida.
Resumen: El tribunal se pronuncia sobre la absolución del acusado de los delitos de estafa procesal y falsedad documental, tras la valoración de las pruebas presentadas en el juicio. La acusación particular había solicitado la condena del acusado por la presentación de documentos que supuestamente falsificaban la condonación de una deuda de 275.000 euros, mientras que la defensa solicitó la libre absolución, argumentando la falta de pruebas concluyentes
.Los hechos probados indican que el acusado y la persona demandante firmaron un reconocimiento de deuda ante notario, y que la demandante negó haber firmado documentos de condonación. La prueba pericial realizada concluyó que la firma en uno de los documentos era auténtica, lo que llevó al tribunal a aplicar el principio "in dubio pro reo", considerando que no se había probado la falsedad de los documentos. Por lo tanto, el tribunal absuelve al acusado de los delitos imputados, declarando las costas de oficio.
Resumen: Se alega en el recurso que la calificación alternativa de los hechos por parte del Ministerio Fiscal como delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave en el trámite de conclusiones definitivas, y por el que condena la sentencia recurrida, le causó indefensión dado que supuso una alteración de los hechos y no le permitió articular una defensa a la parte, dado que habían sido acusados por un delito de estafa en las conclusiones provisionales, no tratándose de delitos homogéneos. La sentencia rechaza tal alegación ya que la modificación de la calificación de los hechos en trámite de conclusiones definitivas está prevista legalmente en el art. 788.5 L.E.Cr , por lo que es perfectamente legal que, respetando los hechos por los que se haya seguido la causa, se proceda a una modificación de la calificación penal a la hora de elevar las conclusiones a definitivas, siempre que los hechos por los que se ha condenado sean los mismos desde el inicio. Consta acreditado que el origen del dinero ingresado en las cuentas corrientes de las que los acusados son titulares provenía de la comisión de un delito de estafa del que el denunciante fue víctima, y si bien no está probado que los acusados hayan tenido ninguna intervención en tal delito sí consta acreditado que pusieron a disposición de los autores de la misma sendas cuentas bancarias donde se recibió el dinero y se dispuso del mismo por aquéllos, sin que preguntaran ni se informaron de cuál era la finalidad de lo que se les pedía, por lo que tuvieron que representarse el más que probable carácter delictivo de su actuación, y tal conducta de los acusados obviamente favoreció la ocultación de la procedencia del dinero y la identificación del receptor final del mismo, por lo que se confirma su condena.
Resumen: CONDENO al acusado como autor penalmente responsable de un delito de apropiación indebida, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 7 meses de prisión, Accesorias, costas procesales y pago de la responsabilidad civil.
La representación procesal del acusado interpone recurso de apelación alegando vulneración del derecho la tutela judicial efectiva por ausencia de motivación suficiente, error en la valoración de la prueba y vulneración del derecho a la presunción de inocencia, solicitando la revocación de la sentencia y la libre absolución.
La audiencia Provincial desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia.
Resumen: La Audiencia confirma la sentencia de instancia que condenó a la acusada como autora de un delito continuado de hurto pero rebaja la pena al apreciar la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Se discute la nulidad de la prueba videográfica y de las que de ella derivan por haberse obtenido ilícitamente con vulneración del derecho a la intimidad y propia imagen de la acusada. La sentencia recurrida resuelve la cuestión planteada por la defensa entendiendo que aunque es cierto que no se informó a la acusada sobre la existencia de la cámara su colocación cumple con los requisitos de proporcionalidad ya que su instalación se produce por sospechas de la comisión de un hecho delictivo, se instala en la propia habitación del denunciante y no está enfocada a ningún espacio que pueda lesionar la intimidad de la acusada, por lo que no se vulnera derecho fundamental alguno. Tal apreciación es confirmada por el tribunal de apelación. Doctrina del TEDH sobre las cámaras en espacios públicos y privados. Examen de las circunstancias del caso concreto enmarcado en el seno de una relación laboral. El recurso de apelación contra las sentencias dictadas por los juzgados en los procesos penales como medio de impugnación amplio y pleno que otorga al tribunal superior plenas facultades de pronunciamiento con la finalidad de resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho. Presunción de inocencia e in dubio pro reo. Atenuante de dilaciones indebidas.
Resumen: El recurso de apelación interpuesto por la defensa del condenado se centra en la solicitud de rebaja de la pena de multa impuesta por un delito leve de estafa, argumentando que la cuantía defraudada es de solo 200 euros y que el condenado carece de antecedentes penales, además de alegar problemas económicos y de desempleo.
El tribunal desestima el recurso al entender que la pena es adecuada a las circunstancias del caso, que incluyen el uso de internet para el engaño y la falta de intención de devolver el dinero.
El Tribunal señala que la cuota impuesta se encuentra próxima al mínimo legal y que no se ha probado adecuadamente la situación de indigencia del recurrente, lo que justifica la decisión de mantener la pena. Además, se aclara que el condenado puede solicitar un fraccionamiento del pago de la multa si justifica su situación económica ante el juzgado encargado de la ejecución.
Resumen: La solicitud de extradición y la orden internacional de detención contienen los hechos imputados, el lugar en el que ocurrieron y el resto de circunstancias necesarias. No puede considerarse prescrito el delito. Competencia de los tribunales: no se puede dudar de la jurisdicción de las autoridades judiciales venezolanas para el conocimiento de los hechos objeto de reclamación, ya que los hechos principales tuvieron lugar en su territorio y también fue allí donde se incautó la droga y donde se obtuvieron las evidencias más relevantes. La solicitud de asilo y protección subsidiaria en ningún caso impide la extradición, sino que tan sólo determinaría su aplazamiento hasta la conclusión de la vía administrativa de dicho expediente. Alegaciones genéricas sobre posible vulneración de derechos humanos que no pueden acogerse.
